’Salamander law’ es el nombre que recibe el fenómeno de hacer de un distrito caprichosamente dispuesto para el voto concentrado de un partido político o candidato, la seguridad de ganancia electoral. La forma de Salamandra, es la exageración caricaturesca de cómo se ve un distrito hecho ex profeso para ganar a costa de todo. En nuestro contexto, la iguana pudiera ser la figura equivalente a la salamandra. Este artículo entonces debió llamarse: ‘Iguana Law’.

Desde que el Tribunal Electoral invalidó la candidatura de Carol Antonio Altamirano a la diputación por el distrito XIX (Salina Cruz), por incumplir reglas de selección interna de uno de los partidos que forman la coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” (CREO), se especuló si podría ser algo que se confirmara por las autoridades que organizan las elecciones en Oaxaca (IEEPCO), a lo que siempre respondimos que en un tiempo breve le devolverían a Carol sus libertades plenas que hasta ese momento se encontraban restringidas. El 14 de mayo, desayunando en un restaurante por el rumbo del parque El Llano, lo primero que hice fue enviar algunas fotografías a amistades istmeñas incrédulas, en un primer momento, de la nota que ilustraba el regreso de Carol a la elección.

En esto es difícil de equivocarse, cuando el gobierno, el que sea, gasta en favor de sus prosélitos la garantía de expertos en Marketing (Know-how) para subir una elección que podría dudar de salir avante. Se supone que la duda de Carol de ganar esa elección, se dio desde que se abortó el ‘Gerrymandering’ (distritos en formas caprichosas que posibiliten el voto concentrado de determinados partidos o candidatos), que ya de por sí se armó para el distrito XIX de Salina Cruz (distrito nuevo), y en donde contenderá, con ligeras modificaciones, en lo que fue alguna vez el distrito V que correspondía hace un tiempo a Ixtepec, en donde Carol ganó en el 2010. Algunas razones pudo haber tenido el régimen para asegurarle a un militante leal la posibilidad de gobernar desde la intervención de una ‘expertise’ (experiencia y pericia en un campo profesional, en este caso, el electoral) ante una amenaza en ese distrito de dejarle la probabilidad de gane a sus opositores.

La fórmula es sencilla: “Salir de la jugada, recibir atención y conmiseración y luego meterse otra vez a la elección”, acusando una coacción gubernativa (que nunca existió) y un supuesto bache ganado desde la impugnación (soy indígena, hablante de una lengua original), mecanismo que la ‘expertise’ recomendó en un juego cercano a la ‘prevaricación’ (posibilidad de conocer las posturas litigiosas desde las partes contendientes), para que se solucionara ese asunto.

Con Carol, el régimen oaxaqueño se asegura una oposición en el congreso de ‘mayoría calificada’ (posibilidad de negociación de suma cero, en tanto el conflicto de interés se desatienda), aun perdiendo Pepe Toño, que pueda maniobrar situaciones financieras, de complicarse éstas, y de paso, de cuestionarse la función del Auditor Superior del Estado (ASE) en este sexenio, el tío de aquél: Carlos Altamirano Toledo.

Es la misma situación que se vivió en Zacatecas con el candidato a gobernador David Monreal Ávila, donde pudo considerarse un amarre a largo plazo, como una especie de ‘responsiva’ para atajar el avance de AMLO en su carrera presidencial. Y no es de sorprenderse que el efecto Zacatecas, ahora se incube en Oaxaca, coincidiendo con la aparición del cuñado de los Monreal Ávila en la escena electoral: el consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el juchiteco Gerardo García Marroquín. Claro, los riesgos son ascendentes, pues el ejemplo más notable de ‘incumplimiento de acuerdos’ lo tenemos con Benjamín Robles Montoya, quien busca evidenciar al gobernador Cué, ahora que éste se ha decidido apostar a Pepe Toño todo el planteamiento partidista, tal como fue en el 2010 al lograr que dos partidos antagónicos se alinearan en una coalición que a la postre dio al gane a Cué en perjuicio de Eviel Pérez Magaña.

La judicatura oaxaqueña en materia electoral, de decretar razones de forma y no de fondo, genera un ‘despilfarro’ de costos extravagantes que pudieran salvarse a partir del control constitucional de garantizarle a Carol la protección de sus derechos políticos electorales, sin necesidad de revocar su registro como candidato, pero he ahí la intervención de la ‘expertise’, de hacer rechoncho el problema, para reponer un procedimiento inútil, que pudo ser ‘abreviado’.

Así las cosas, el dinero que las instancias electorales tienen para hacerle frente a procedimientos administrativos terminan por no manejarse cautelosamente. De paso, los candidatos al recibir estos espaldarazos, tienden a generar en el ambiente una sensación de impunidad, pues lo que aparentemente fue una intervención que la justicia electoral oaxaqueña implementó, en realidad pudo ser un truco que alentó candidaturas que no levantaban o que no producían las expectativas esperadas.

Nada está decidido, ni siquiera lo afirmamos, pero lo que algunos académicos ya han dicho de sobra que puede suceder, nosotros nos encargamos de divulgar como una información que no es agua corriente, y que sólo la ‘expertise’ descubre cada que su intervención se da como queriendo pasar inadvertida, pero que unos cuantos detectan.