“Este es un mundo violento y mentiroso, pero no podemos perder la esperanza y el entusiasmo por cambiarlo” Eduardo Galeano.

Fuera de legalidad la justicia oaxaqueña, las mismas autoridades encargadas de procurarla la han pervertido y corrompido mandando a prisión “preventiva”, sin sentencia judicial, a personas por capricho del poder político o del dinero, y negando a los inculpados la justicia que reclaman con procesos que se alargan por numerosos obstáculos y que avanzan si hay soborno.

La situación del ex comandante de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Valentín Hernández López, es un lamentable y ominoso caso de esta ilegalidad. Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, detuvieron el 19 de septiembre del año pasado (2016) al mencionado ex comandante por delito de extorsión a una comerciante de ropa domiciliada en la Villa de Etla, y el Juez penal del Distrito Judicial de la Villa de Etla, a pesar que los abogados del detenido demostraron con pruebas documentales la inexistencia de la persona que acusa, le dicta auto de formal prisión preventiva el 25 de septiembre del mismo año. Ante esta ilegalidad, los abogados de la familia del encarcelado interpusieron el 10 de octubre un amparo, solicitando la protección de la justicia federal en contra de los actos reclamados de las autoridades judiciales oaxaqueñas, sin embargo las audiencias se han diferido en más de diez ocasiones debido a la indolencia y artimañas de estas mismas autoridades.

Dos posibles hechos se puede inferir en el asunto del encarcelamiento del ex comandante juchiteco: que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, del gobierno de Gabino Cue Monteagudo, fabricó un expediente de delito de extorsión para tenerlo en la cárcel por dinero o como chivo expiatorio para exculpar a gente poderosa e influyente y ocultar su incapacidad de procurar justicia y seguridad ante la multiplicación de la violencia e inseguridad en el municipio juchiteco.

Pero la injusticia no se detiene allí, ante la posible liberación del ex comandante, a través del amparo federal, en la primera semana de enero de 2017 aparece en la Fiscalía de Tehuantepec, Oaxaca, otra orden de aprehensión, ahora por robo con violencia, también con expediente fabricado, puesto que nuevamente el que acusa no aparece por ningún lado.

¿Cómo detener y desaparecer en el Estado el uso inmoral de la justicia por parte de las instituciones procuradoras? ¿El nuevo gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, volteará a ver este grave problema que daña la credibilidad de las instituciones y lastima gravemente los derechos humanos?

La perversión de la justicia oaxaqueña precisa la necesidad de adecuarla a los principios de equidad e imparcialidad a fin de proteger y defender los derechos humanos, y el estado de derecho.

En el informe y propuesta sobre justicia cotidiana en México elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y entregado el 27 de abril de 2015 al presidente Peña Nieto se lee: que las cárceles mexicanas están saturadas de presos que aún no reciben sentencia, que en la mayoría de los casos, los inculpados llegan a permanecer detenidos hasta dos años en espera de ser declarados inocentes o culpables. También dice que los mexicanos piensan que el sistema de justicia es corrupto, porque los juicios sólo avanzan si hay sobornos; los procesos son largos y con numerosos obstáculos para llevarlos a cabo; así, “la justicia se percibe lejana, incomprensible, y la falta de acceso a ella tiende a incrementar la desigualdad social”; en dicho documento, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar Ugarte, plantea que “sin justicia no habrá prosperidad de la nación ni garantía para el futuro de la democracia”, y advierte que “sin acceso a la justicia, la modernidad política podría desfondarse’’.

De este tamaño es la crisis que vive la administración de justicia en el país y en Oaxaca; urge revisar el sistema de impartición de justicia oaxaqueña para cumplir con el mandato del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…. “

Hay que poner en pie la justicia en Oaxaca, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben actuar como un todo para abrir espacios de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar propuestas y recomendaciones en la materia. La sociedad oaxaqueña, sumida en la pobreza y en el abandono, harta del autoritarismo, la corrupción y la impunidad, ya no puede soportar más injusticias.

Guidxiguie’, Lulá’,
Beeu biropa, iza 2017.