El próximo 1º de agosto se llevará a cabo la primera Consulta Constitucional en el país, a diferencia de las otras organizadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas informales u organizadas fuera del sustento de una legislación, esta será la primera que cumpla con los requisitos de la Constitución, que tiene una base que la respuesta sea vinculante.

Esta es una iniciativa con mayor fuerza y calado que ha presentado Andrés Manuel durante su gobierno, una iniciativa que ha recorrido una larga travesía para llegar a concretarse como tal, de manera Constitucional, sin embargo, de aquella pregunta inicial y después de los embates jurídicos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pregunta quedó de la siguiente manera “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, aunque algunos manejan la palabras “Si o No, para resumir esta pregunta, que para muchos resulta completamente engañosa.
A esta consulta todavía le queda una larga travesía, pues uno de los requisitos legales que, para ser vinculante, debe de haber una participación de al menos; 40 % del padrón electoral, cifra alcanzada durante la última elección a la Presidencia de la Republica, donde el triunfador indiscutible y con una votación histórica; fue Andrés Manuel López Obrador.

Ahora bien, esta consulta se antoja un poco inalcanzable por diversos factores, el Instituto Nacional Electoral ha reclamado más presupuesto para su organización y, desde un inicio y sin este presupuesto, ha anunciado, que apenas instalará una tercera parte de las casillas receptoras en el país, en comparación con las que, fueron instaladas en la pasada elección del 6 de junio.

Sin duda alguna con sus tropiezos y larga travesía la Consulta es una realidad histórica que vive el país. El país vivirá por primera vez esta situación que, después de ella vendrán los reacomodos, fracasos, vitorias y fallas que se deberán de corregir para las subsecuentes consultas.
En algunos corrillos de la sociedad la observancia que hacen hacia aquellos grupos que se dicen obradoristas o de profundas raíces de “izquierda”, la poca invitación a participar en esta acción cívica de gran importancia nacional.

Muchos ven con buenos ojos esta consulta para enjuiciar a los cinco expresidentes de la republica que, destruyeron con sus acciones o discreciones intencionadas la economía nacional que hoy tiene sumido a un alto porcentaje de mexicanos en la pobreza con el valor agregado, de no poder enderezar el barco, dado los acuerdos y reformas constitucionales que pone a los mexicanos entre la espada y la pared.

Esta medida ha despertado interés para que en Oaxaca se promueva el juicio en contra de los ex gobernadores y ex presidentes municipales que pulverizaron el futuro de los pueblos que gobernaron y hoy, se encuentra sumido en una de las más altas pobrezas del país el estado de Oaxaca.
“Heladio Ramírez, Diodoro Carrasco, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cue Monteagudo y el actual gobernante; Alejandro Murat Hinojosa”, todos ellos ejercieron sumas millonarias sin resultados que hayan beneficiado al estado, obras inconclusas, abandonadas que justifican cantidades millonarias que nunca la Auditoria Superior del Estado o la Federación haya realizado alguna observación.

El manejo de los recursos nunca fueron auditables y hoy, esos gobernantes gozan de total impunidad, y continúan en el argot político en busca de puestos y canonjías.
En la región del Istmo, en el municipio juchiteco la impunidad es total y absolutamente descarada, algunos de esos gobernantes acusan y señalan, el enjuiciamiento, como una acción para terminar con la corrupción y la impunidad. La pregunta es quien enjuiciara a “Leopoldo de Gyves, Héctor Sánchez, Roberto López Rosado, Oscar Cruz López, Héctor Matus, Mariano Santana, Alberto Reyna Figueroa, Daniel Gurrión, Saúl Vicente y Gloria Sánchez”, todos ellos con acusaciones directas e indirectas por cuantiosas cantidades de dinero que hasta hoy no han sido comprobadas algunos y otros, con ejecución de obras fantasmas que nunca fueron realizadas.
Hasta cuando el Congreso del Estado aprobará el juicio a los expresidentes municipales, que hipotecaron el futuro inmediato del municipio y, que, si se hiciese una suma rápida del dinero que han manejado esos expresidentes, sería suficiente para que cada juchiteco viviera de manera holgada y sin sobresaltos económicos.
Por el ¡Si! o por el ¡No! Los juchitecos tienen memoria y no olvidan.